Grupo Parlamentario del PRI considera retroceso encomendar a las Fuerzas Armadas del país acciones legales que corresponden a civiles

Guanajuato, Gto.  El Grupo Parlamentario del PRI por conducto
del diputado José Huerta Aboytes se pronunció en contra del acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación que establece que la supervisión de las medidas
cautelares, distintas a la prisión preventiva, estén a cargo de los militares que
integran la Guardia Nacional.
Activistas en la defensa de los derechos humanos y juristas especializados en
derecho constitucional, se han pronunciado en que este acuerdo atenta contra el
sistema democrático.
Tira a la basura el sistema garantista, le dice adiós a las garantías individuales y es
anticonstitucional.
El diputado José Huerta citó que las medidas cautelares distintas a la prisión
preventiva son variadas; y entre las más frecuentes, se encuentran, la
presentación periódica del procesado ante el juez o ante autoridad que aquél
designe; la caución mediante fianza; el embargo de bienes; y la inmovilización de
cuentas y demás valores financieros.
Existe, asimismo, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en
la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; la restricción para acercarse a
determinados lugares; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las
víctimas, ofendidos o testigos.
El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga; la
colocación de sensores y localizadores electrónicos, y hasta la suspensión temporal
en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.
Pero a partir del pasado día 24 de octubre, cuando entró en vigor el acuerdo de
referencia, la aplicación de esas delicadas medidas cautelares, han quedado bajo
la supervisión y responsabilidad de la guardia nacional, lo cual implica que en esa
función han quedado al margen los civiles.
El legislador del PRI aclaró que no tienen más que respeto y admiración por el
Ejército Nacional y la Marina Armada de México, pues sus elementos están siempre
prestos a salvaguardar la seguridad de la nación; y siempre, también, de manera

noble, heroica y desinteresada, prestan auxilio a la población en situación de
desastre, pero ello no quiere decir que están de acuerdo en que se les
encomiende, ahora, esta delicada función que debe de quedar bajo la
responsabilidad operativa de autoridades civiles, tal y como lo prescribe el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Apuntó que en el Grupo Parlamentario del PRI consideran que el proceso penal en
el que se vea involucrado un civil, desde su inicio hasta su culminación, debe
quedar en manos de elementos exclusivamente ciudadanos.
Están en contra de que con este decreto se desmantele a la Fiscalía General de la
República, porque implica un retroceso a tiempos anteriores a la Constitución de
1917.
Puntualizó que no conciben que una persona común y corriente, respetable y
decente como la generalidad, que se encuentre constantemente sujeta a vigilancia
y control de elementos castrenses mientras sigue su proceso en libertad.
“Estimamos que una situación como esa, constituye una violación a la constitución,
porque le atribuye a las fuerzas armadas funciones muy diferentes a las que se le
han asignado por la propia ley suprema; y que es una amenaza a los derechos
humanos de los particulares”, acotó el legislador.

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