Guanajuato, Gto. – La diputada Celeste Gómez Fragoso presentó
reservas al dictamen emitido por la Comisión de Justicia que propone crear el
Registro de Deudores Alimentarios, para garantizar los derechos de los acreedores
y respetar los derechos a la dignidad humana y la protección de datos personales.
Al someterse a la consideración del pleno, las reservas planteadas por la bancada
priista fueron aprobadas por unanimidad.
La legisladora señaló que para que sea válida constitucionalmente la medida
emitida por el legislador ordinario, se deben satisfacer requisitos como ser
admisible en la Constitución, puesto que el legislador sólo puede restringir el
ejercicio de los derechos fundamentales con objetivos que puedan enmarcarse
dentro de las previsiones de la Carta Magna.
Así también, la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de
los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la
restricción sea en términos amplios útil para la obtención de ese fin, sino que esa
medida debe ser idónea para su realización.
También debe ser proporcional la medida legislativa, pues debe respetar una
correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos
perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.
El Grupo Parlamentario del PRI consideró que para el caso en concreto, los
preceptos que regulan el Registro de Deudores Alimentarios Morosos persiguen
una finalidad constitucionalmente válida, que se desprende del artículo 4º
constitucional, ya que están dirigidos a proteger el derecho a recibir alimentos, la
organización y desarrollo de la familia, así como, a propiciar el ejercicio pleno de
los derechos de los acreedores alimentarios.
Además, dicha finalidad se puede alcanzar por otros medios que no son restrictivos
de los derechos fundamentales a la privacidad en su vertiente de protección de
datos de los gobernados, como lo establece la Ley.